Viernes, Mayo 17, 2024
Carlos E. Weffe H.

Carlos E. Weffe H.

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Revista Iustitia et Pulchritudo, Vol. 2 No. 2 | Universidad de Santa María La Antigua, 2021

El trabajo se divide en dos (2) partes. La primera parte trata las bases constitucionales del sistema sancionador guatemalteco. Se desarrollan los principios de: (i) reserva legal y legalidad punitiva; (ii) proporcionalidad; (iii) non bis in ídem; y (iv) culpabilidad. Dentro del concepto de proporcionalidad, se hace referencia a los subprincipios de idoneidad, necesidad, y proporcionalidad stricto sensu. La segunda parte trata analíticamente la aplicación del sistema sancionador en el impuesto sobre la renta. Para ello, se desarrolla el régimen infraccional tributario, abarcando: (i) la validez material y temporal de la ley sancionadora; (ii) la definición y clasificación de las infracciones; (iii) las presunciones y límites del derecho sancionador; (iv) el concurso y reincidencia de los ilícitos; y (v) la responsabilidad tributaria.

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Bulletin for International Taxation, Vol. 75 No. 7 | IBFD, 2021

Apoyado en su mayor parte en jurisprudencia, el artículo resume y analiza tres de las tendencias en la protección práctica de los derechos de los contribuyentes en 2020 que se desprenden de los trabajos del Observatorio para la Protección de los Derechos de los Contribuyentes del IBFD, relativas a (i) confidencialidad, (ii) auditorías intensivas y sanciones penales y administrativas, y (iii) situaciones transfronterizas.

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El sistema de justicia constitucional en Venezuela: una visión desde un ángulo diferente | CIDEP, 2021

El esfuerzo sistematizador de la justicia constitucional contenido en el libro que se prologa es, sin lugar a dudas, inestimable. La clasificación del sistema de protección constitucional venezolano que originalmente propone Ortega Weffe tiene la que es una virtud cardinal de toda construcción intelectual dirigida a estos fines: explica simple, analítica, crítica y exhaustivamente el sector de la realidad que constituye su objeto, proveyendo de una herramienta en verdad útil para la comprensión de un sistema que, en palabras del autor con las que coincidimos, es “versátil, completo, complejo y garantista, con pésima ejecutoria judicial”.

Estamos en presencia de una obligada y segura carta de navegación para el estudio del Derecho Procesal Constitucional venezolano, que apuntalará −estamos seguros− la mejor comprensión, la investigación y −quiera Dios que muy pronto− la reconstrucción de nuestra justicia constitucional, rumbo Norte franco hacia “una interpretación que privilegie el mandato del pueblo hecho letra constitucional en preservación de [los] derechos [fundamentales]”.

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